LA VIOLENCIA CONTRA POBLACIÓN CIVIL EN LOS KIVUS, UNA ESTRATEGIA QUE PREPARA LA ANEXIÓN DE ESTA REGIÓN A RUANDA.La guerra que azota la República Democrática del Congo y que ha causado ya más de cinco millones de muertos, se está recrudeciendo. El resultado: más muertes de civiles, violaciones masivas y destrucción del tejido productivo de algunas de las provincias del Este del Congo.
Las dos últimas guerras sufridas en este país, en los años 1996 y 1998 fueron planificadas y apoyadas logísticamente por los EEUU para asegurarse el control de los recursos mineros del centro de África. Los ejecutores directos fueron los países aliados de la zona. Uno de ellos, Ruanda, resguardándose bajo el paraguas de silencio tejido por los países occidentales, continúa hoy ejecutando una política destinada a anexionarse importantes territorios de la región del Kivu.
El gobierno ruandés, en su política de expansión, ha conseguido ya el mando de las administraciones civiles de las provincias congoleñas de Kivu Norte y Kivu Sur a través de miembros de los grupos rebeldes que han sido “reinsertados” en las instituciones con la complicidad de la comunidad internacional, ya que el último informe del panel de expertos de la ONU ha dejado bien claro, nuevamente, la implicación de Ruanda en el Este mediante su apoyo directo a los grupos rebeldes. Tiene también el control de parte del ejército gubernamental allí estacionado y ello gracias a la implicación de importantes redes de funcionarios congoleños corruptos cuyas ramificaciones pueden llegar hasta la presidencia de la República, en Kinshasa
La política expansionista de Ruanda le ha llevado a hacer todo lo posible para expulsar a la población congoleña de la zona de los Kivus y permitir así su sustitución por población ruandesa. Una estrategia muy importante para llevar a cabo ese objetivo ha sido la utilización de un gran número de grupos guerrilleros, -de muy variado signo e incluso, a veces, aparentemente antagónicos- que matan, violan, roban, aterrorizan y destruyen toda actividad productiva. De esa forma obligan a las gentes a huir de sus poblados y a ser cada vez más dependientes de Ruanda. El incremento de los ataques por parte de estos grupos desde principios de julio 2009 está dentro de esa lógica.
El alto número de víctimas que, desde 1998 al 2003 ha habido en territorio congoleño sólo puede explicarse por una estrategia planificada previamente y destinada a eliminar el mayor número posible de población civil congoleña. A esta conclusión han llegado numerosas organizaciones de la sociedad civil, quienes denunciaron en su momento que los ataques de los grupos guerrilleros se hacían coincidir con el momento de la cosecha y causar así un mayor perjuicio provocando la penuria y el hambre entre la población refugiada. Así lo ha considerado también la Audiencia nacional española ante los testimonios de militares ruandeses, testigos protegidos. Así lo hace constar el juez en su auto emitido el 6 de febrero del 2008 en el que acusa de genocidio a numerosos altos cargos civiles y militares del actual gobierno ruandés.
Esta guerra se ha querido presentar como “cuestiones tribales” y enfrentamientos provocados y financiados por multinacionales interesadas en el coltán, pero en realidad ha sido una guerra programada por Ruanda para obtener el control de las provincias más ricas del Congo en coltán y casiterita.
Esta guerra se acabaría rápidamente si los países occidentales cortasen el flujo de ayuda económica al gobierno ruandés. Eso es lo que hicieron Suecia y Países Bajos, al ser evidente que Ruanda estaba financiando los grupos rebeldes y favoreciendo las masacres de la población civil.
Asimismo, los países occidentales deben exigir a Ruanda que resuelva de manera definitiva el problema de las FDLR, fuerzas rebeldes hutu, escondidas en territorio congoleño desde el genocidio de Ruanda, hace ya más de 14 años. Dado que una solución militar a este problema ha demostrado ser inviable y sólo ha conducido a más masacres y violaciones de la población civil, urge una solución negociada. Los países occidentales deben dejar de actuar con un doble rasero y exigir a Ruanda lo mismo que se ha exigido y se exige a otros países africanos enfrentados a situaciones similares: que resuelva YA la cuestión de los refugiados hutu ruandeses en el Congo ofreciéndoles una posibilidad real de retorno a su país, mediante un diálogo abierto y pacífico.
Hemos podido elaborar este comunicado gracias a las noticas que nos envían nuestros amigos congoleños.. Nos unimos a su grito de sufrimiento, y queremos que este grito rompa el silencio impuesto por los intereses económicos y políticos, tanto africanos como occidentales.
Os agradeceríamos que difundierais lo más posible este comunicado
Federación de Comités de Solidaridad con África Negra
Madrid a 7 de Julio de 2009
En los próximos meses se van a discutir varias reformas legislativas en el Parlamento español. En lo relacionado a la Ley de Extranjería, Amnistía Internacional reconoce el derecho de los estados a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en su territorio, pero de la misma manera, esta reforma debe mantener los estándares de protección de los derechos humanos de las personas inmigrantes. Además, la reforma de la Ley de Asilo no debe suponer un retroceso respecto a las garantías ya reconocidas en la legislación vigente. Por último, la reforma del Código Penal no puede incrementar la capacidad punitiva del Estado contraria al principio de no discriminación, especialmente en el caso de las personas inmigrantes. Por otro lado, los tiempos de dificultades económicas son especialmente sensibles a la construcción de estereotipos negativos sobre las personas inmigrantes, que acaban erosionando sus derechos. En los últimos meses han sido varios los incidentes con componentes de racismo y xenofobia que se han dado en Europa. Todos estos elementos podrían contribuir a crear un ambiente en el se hacen aún más necesarias la adopción de medidas de lucha contra el racismo y la xenofobia.Por ello, Amnistía Internacional recuerda al Gobierno Español que debe cumplir los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos humanos y, por lo tanto, garantizar que estas reformas legislativas no se traduzcan en un recorte de las garantías de protección a las personas inmigrantes en nuestro país o solicitantes de protección internacional (sea asilo u otras formas de protección). Además, debe adoptar las medidas necesarias contra la discriminación, el racismo y la xenofobia que puedan derivarse de la situación actual.Únete a Amnistía Internacional y pide al Gobierno español que no rebaje los derechos de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo.